María Guadalupe Román Ávila, presenta iniciativa que obliga que haya buenos gobiernos

CRONISTA

Ecatepec, Méx.- La Diputada Federal María Guadalupe Román Ávila, presentó en tribuna la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que haya una buena administración y un buen gobierno, y que el Estado esté obligado a su cumplimiento.

En tribuna citó que el derecho a una buena administración fue reconocido por primera vez en la Carta de Derechos Fundamentales en la Unión Europea en el año 2000. “Posteriormente en nuestro continente”, este derecho fue incorporado en la Carta Iberoamericana de los Derechos y Deberes del Ciudadano, aprobado por la Cumbre de Jefes de Estado en el año 2013.

Expresó la legislara al pleno en el salón de sesiones del Palacio Legislativo que esto se traduciría en la obligación de todas las administraciones públicas, incluyendo las estatales y municipales, de respetar y promover la dignidad y los derechos humanos en el ejercicio de la función pública, y de actuar efectivamente al servicio de las personas.

Como legisladores si cambiamos las leyes , dijo, a favor de los Derechos Humanos de todas las personas contribuirá al proyecto de nación encabezado por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, hacia la construcción de un nuevo modelo de gobierno que nos permita luchar contra la corrupción y recuperar una ética política basada en la austeridad y en la soberanía popular.

Explicó que la Constitución de México reconoce en su Artículo 60 la garantía al debido ejercicio y la probidad en la función pública. Sin embargo, a nivel nacional sigue pendiente el reconocimiento expreso del derecho de toda persona a la buena administración y al buen gobierno, así como la obligación específica del Estado para su cumplimiento.

Por lo anterior, “proponemos la adición del siguiente párrafo al artículo Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Toda persona tiene derecho a la buena administración pública a través de un gobierno abierto, honesto, transparente, profesional, eficaz, eficiente, austero, incluyente y resiliente. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases y mecanismos para su cumplimiento

La iniciativa indica que de aprobarse esta reforma se traduciría en la obligación de las administraciones públicas de respetar y promover la dignidad y los derechos humanos en el ejercicio de la función pública, y de actuar efectivamente al servicio de las personas.

Se busca integrar al texto constitucional el derecho fundamental a la buena administración pública, lo cual implica poner a la persona en el centro de la actividad administrativa del Estado.

La legisladora destaca se trata de reconocer el derecho legítimo de la ciudadanía de exigir un funcionamiento adecuado de las instituciones de gobierno, de modo que el servicio público esté orientado al interés general, y donde la equidad de trato, la igualdad, la austeridad y la transparencia sean principios exigibles para cualquier servidor público.

De ser aprobada quedaría así: “Toda persona tiene derecho a la buena administración pública a través de un gobierno abierto, honesto, transparente, profesional, eficaz, eficiente, austero, incluyente y resiliente. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases y mecanismos para su cumplimiento”.


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